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Querellas contra autónomos y señalamiento de medios: la estrategia de Vox para silenciar a periodistas



La ultraderecha tiene una singular manera de entender la libertad de prensa. Vox, heredera de la pasión por los juzgados que en su día demostró el pseudosindicato franquista Manos Limpias, ha incluido en su estrategia político-judicial a periodistas que trabajan de forma autónoma y que se atreven a criticarles. Las víctimas de esta campaña advierten que solo buscan silenciarles e infundirles temor.  

Coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra este martes, Público ha recogido los testimonios de periodistas –entre los cuales hay profesionales que trabajan de forma autónoma y, por tanto, carecen de una estructura empresarial detrás– que han conocido en carne propia esa campaña del ultraderechista Vox. 

Según distintas voces consultadas por Público, la campaña se resume en unas pocas pero contundentes líneas: si usted es periodista, trabaja de forma autónoma y aprovecha una columna o una tertulia para criticar al partido de Santiago Abascal, mañana podría verse inmerso en un costoso procedimiento judicial.

“Vox sigue la estrategia de Donald Trump de colocar a la prensa como enemigo con el objetivo de intimidar y silenciar a los periodistas y medios que considera críticos con su política”, afirma el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez.

Uno de los primeros en sufrir esa estrategia de la ultraderecha ha sido el conocido periodista Antonio Maestre, actual subdirector de La Marea. El 2 de enero de 2019, el equipo jurídico de Vox recibió el nuevo año con una querella contra este informador, al que acusaba de delitos tales como calumnias, injurias y delito de odio por un mensaje publicado en las redes sociales. 

Aquello significó una auténtica declaración de intenciones. El partido de extrema derecha acababa de irrumpir en el Parlamento de Andalucía con 12 escaños, su primer éxito electoral. Justo un mes después de las elecciones autonómicas, la formación ultra se presentaba en los juzgados con una denuncia bajo el brazo.

“Vox me ha puesto una querella por decir lo que pienso sobre ellos: su discurso es corresponsable de la violencia machista. Les voy a responder de una manera…”, decía un video difundido poco  después en Twitter por Maestre. Entonces empezó a sonar “Bella ciao”, himno de la resistencia antifascista. “Yo no me disculpo ante la extrema derecha”, remarcó.

La denuncia del partido de Abascal fue archivada primero por el juzgado y luego por el Tribunal Supremo, que en noviembre pasado ratificó en su fallo que llamar “fascista” o “nazi” a un partido político está amparado bajo el paraguas de la libertad de expresión.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. “El 20 de abril de 2021, cuando ya veían que aquella primera denuncia no iba a tener recorrido, presentaron otra querella que hoy sigue en proceso por expresiones injuriosas y calumniosas contra Vox y sus votantes”, afirma Maestre a Público.

La nueva denuncia apunta hacia otra serie de tuits del periodista. “Buscan mantenerte ocupado, meterte miedo, que veas que te están vigilando y tengas más cuidado, para ver si al final te compensa, porque todo esto te consume tiempo y recursos económicos”, señala el periodista denunciado.

Miedo y autocensura

A su juicio, la campaña de Vox constituye “un intento para amedrentar a la prensa y tratar que te autocensures: puedes decidir dejar de escribir sobre ellos porque a lo mejor tus recursos no son suficientes para cubrirte legalmente”. “Es normal que mucha gente que no esté habituada a estas situaciones no quiera estar sometida a ese tipo de presión”, agregó.

Este periódico ha podido confirmar la existencia de al menos otras dos denuncias penales contra periodistas por parte de Vox. La estrategia recorrida en esos casos ha apuntado a personas visibles, con relevancia pública, pero que al mismo tiempo trabajan de forma autónoma, lo que implica que deben asumir los costes relacionados con los procedimientos judiciales.  

Del mismo modo, la ultraderecha actúa contra la libertad de prensa en otro frente: existe una nómina de medios –entre los que se encuentra Público– que pasaron a formar parte de una “lista negra” y que tienen prohibido el acceso a sus actos o ruedas de prensa. 

“Vox veta el acceso de medios y periodistas a sus actos de interés informativo. Es un comportamiento que vulnera el derecho de información, un derecho constitucional que un partido parlamentario está obligado a defender, en lugar de limitarlo”, destaca el presidente de la FAPE. 

En tal sentido, Rodríguez subraya que se trata de “un atropello al libre ejercicio del periodismo”. “Con estos vetos, Vox no solo intenta amedrentar para silenciar a los periodistas, sino que también trata de eludir la rendición de cuentas sobre sus actos y decisiones ante la opinión pública, rendición de cuentas que se hace a través de los medios”, afirmó. 

El caso del veto impuesto –entre otros medios– al diario El País y Cadena Ser en la noche electoral  del 10 de noviembre de 2019 llegó al Tribunal Supremo. En un fallo emitido a finales de abril de 2021, los magistrados dejaron escrito que el derecho a la información goza de un carácter “preferente”, al tiempo que subrayó que otorgar “derecho de admisión” a periodistas y medios “pulverizaría” los principios de igualdad y pluralismo político, según publicó el citado periódico.

Estigmatización

La campaña de Vox contra la libertad prensa también preocupa a Reporteros sin Fronteras (RSF). En su último informe anual, dicha organización alerta sobre los efectos del “auge de la extrema derecha” en ese ámbito. “Vox insiste en su estrategia de estigmatizar a los periodistas ‘enemigos’, endurece sus maniobras de acoso en internet y de intimidación, y prohíbe a los periodistas la cobertura de sus eventos.

En esa línea, RSF afirma que “el clima de polarización que persiste, y que incluso se intensifica en la vida política y en el posicionamiento de los medios de comunicación desde la llegada al poder de la coalición de PSOE y Unidas Podemos, está erosionando la confianza de la sociedad en los periodistas y refuerza el discurso de odio contra la prensa”.

 





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