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Dimite el portavoz del PSOE en Valencia tras la polémica por defender como abogado al líder del caso Azud


VALENCIA
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El portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, ha anunciado este sábado su dimisión como síndic de la formación en el parlamento autonómico para centrarse en la defensa como abogado del empresario inmobiliario Jaime Febrer, presunto cabecilla del caso Azud, la trama de corrupción urbanística que afecta a cargos socialistas y del PP.

Mata oficializará su salida el próximo viernes y renunciará al escaño, cerrando un periodo de siete años -las dos legislaturas que el Gobierno del Botànic lleva en el poder- en los que ha sido una figura clave para alcanzar acuerdos, aunque también ha ganado cierta fama de verso suelto. Como persona de la máxima confianza de Ximo Puig y voz autorizada en el partido, era el único portavoz de los grupos con representación que se mantenía en su puesto desde 2015.

Tras comunicarle su decisión al presidente de la Generalitat y secretario general de la formación valenciana, Mata ha aprovechado los corrillos del acto institucional del Día de Les Corts Valencianes para trasladar a sus compañeros que volverá al despacho de abogados que regenta con su mujer, pese a que mantendrá su cargo de vicesecretario en la Ejecutiva del PSPV. «Abogado y socialista seré hasta que me muera», ha señalado.

Según Mata, Puig «hubiera preferido que me dejara lo otro. Ya en 2019 me dijo “Este es un camino que comenzamos juntos y que terminaremos juntos”, pero no ha podido ser porque me he quedado por el camino».

Él mismo ya advirtió hace casi un año que su doble ocupación no sería un problema: «Si algún día tengo que elegir una cosa u otra, elegiré ser abogado: es mi vida, esto –la política– es una cuestión accidental». El levantamiento parcial del secreto de sumario en el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia el pasado martes ha hecho insostenible esa situación.

Compaginar ambas labores es «muy complicado», ha subrayado el todavía síndic, porque «perjudica a mi partido, a la institución, al parlamentarismo», al tiempo que ha reconocido que estar en política es «durísimo».

Manolo Mata renunció a la dedicación exclusiva para poder compaginar su faceta como síndic con la de abogado y tuvo que confirmar públicamente que defendía a Febrer junto a otro letrado -desde mayo de 2021- tras una polémica visita con el coche oficial a la prisión de Picassent, de la que el constructor ya salió en libertad provisional.

Un asunto que había generado mucha incomodidad a nivel interno -pese a los intentos de restarle importancia de cara a la galería- tanto en el PSPV como entre sus socios de Compromís y Unides Podem. No había impedimento legal ni conflicto de intereses para desempeñar su labor de penalista, ya que Mata no ejercía la política en la época que se investiga.

Pero, como viene apuntando la oposición, Mata tenía acceso a toda la información sobre una trama corrupta que tiene vínculos con el PSOE y podía servir como correa de transmisión a los dirigentes socialistas. Ahora, el grupo parlamentario deberá nombrar a un nuevo síndic o síndica, a un año de las elecciones autonómicas. La siguiente persona en la listas de los comicios de 2019 que podría acceder al escaño sería la directora general de Cooperación Internacional al Desarrollo, Xelo Angulo.

La rama socialista del caso Azud

La juez del caso Azud investiga a sesenta personas -entre ellas Alfonso Grau o José María Corbín, número dos y cuñado, respectivamente, de la exalcadesa popular de Valencia Rita Barberá-, en una causa originada hace cinco años, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.

Los investigadores consideran que el promotor Jaime Febrer, a través de sus mercantiles, tejió una red entre 1999 y 2013 para obtener contratos y adjudicaciones con el pago de comisiones y regalos que superarían los siete millones de euros. Entre los implicados se encuentra Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez hasta su detención en mayo de 2021 o el abogado José Luis Vera, que utilizó sus influencias en el partido para embolsarse 1,3 millones de euros.

Además, otro de los imputados es Pepe Cataluña, histórico responsable de finanzas del PSPV por los los «contactos mantenidos» con Febrer «durante las fechas cercanas al periodo electoral», a quien se solicitó el pago de «gastos electorales» en Xixona, Burjassot y Benicàssim como parte de los sobornos para conseguir contratos públicos. Rubio y Cataluña fueron suspendidos de militancia y el PSOE les abrió expediente, pero Vera sigue como jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, una empresa pública de la Diputación de Valencia que gobiernan los socialistas con Compromís.

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