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Los jueces corrigen a Educacin: corresponde al Gobierno pedir que se cumpla la sentencia del 25% de castellano en Catalua


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El tribunal cataln sostiene que no es su misin fiscalizar a la Generalitat y el Ministerio dice que es el tribunal quien debe actuar de oficio

Miembros de Plataforma per la Llengua, en 2020.
Miembros de Plataforma per la Llengua, en 2020.EL MUNDO

El Gobierno delega en la justicia y la justicia en el Gobierno. Con los polticos catalanes en pie de guerra, nadie quiere dar el primer paso para garantizar un 25% de castellano en las escuelas catalanas. El Ministerio de Educacin renunci este mircoles a instar a la ejecucin de la sentencia y dej esta tarea en manos de los jueces. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalua (TSJC) dice que no acta de oficio y que tiene que ser el Ejecutivo central el que haga cumplir la resolucin judicial, ya que es el nico personado a travs de la Abogaca del Estado.

Si algo ha quedado claro, un da despus de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de la Generalitat de Catalua contra la sentencia del TSJC que obliga a cambiar todo su modelo de inmersin lingstica, es que no va a ser fcil que el Govern la acate. En los prximos dos meses van a ser cruciales todos los guios y movimientos que haga el Gobierno.

Si no insta a la ejecucin de la sentencia, los nacionalistas interpretarn que respalda su modelo, que apuesta por no poner porcentajes fijos sino dejar que cada colegio haga lo que considere. Si insta, la Generalitat lo interpretar como una declaracin de guerra.

As que todo apunta a que la ministra de Educacin, Pilar Alegra, no va a meterse en disputas y tendrn que ser las familias, una vez ms, las que asuman una responsabilidad que les provoca un enorme desgaste.

La respuesta del Ministerio

“No corresponde al Ministerio hacer cumplir las sentencias, es el TSJC quien tiene que hacerlo”, sealaron este mircoles fuentes del equipo de Alegra, que apelaron al artculo 103.1 de la Ley reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, que dice que “la potestad de hacer ejecutar las sentencias y dems resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los juzgados”.

Pero fuentes del TSJC adelantaron, por su parte, que no van a ir fiscalizando que se cumpla la sentencia porque consideran que ya lo han hecho. Dicen que ellos no actan de oficio: quienes tienen que poner de manifiesto el incumplimiento de la Generalitat son las partes personadas. En este caso, la nica parte es el Gobierno, pues la Abogaca del Estado interpuso un recurso en 2015, cuando gobernaba el PP, en representacin del Ministerio.

Y las familias no pueden hacer nada? Los padres que se sientan afectados podran hacer una peticin, responden las fuentes judiciales, pero tendran que justificar y argumentar que ven vulnerados sus derechos y el TSJC tendra que admitirlo. La pelota est, por tanto, en el tejado del Gobierno.

Fuentes de Educacin y del TSJC coinciden en que el procedimiento es que el Tribunal Supremo comunicar al TSJC la inadmisin del recurso y le devolver el expediente completo. Una vez recibido, el TSJC tendr que redactar una providencia de devenir firme, en la que se detalla que la sentencia se ha convertido en ejecutable.

El protocolo a seguir

Despus tiene 10 das para comunicarle a la Generalitat que la sentencia es firme, “a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicacin en idntico plazo desde la recepcin, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique el rgano responsable del cumplimiento de aqul”.

Desde ese momento, la Generalitat puede pedir ms aclaraciones al TSJC. Si el tribunal considera que la Administracin autonmica dilata demasiado el proceso o hace demasiadas consultas para ganar tiempo, puede llamar al orden al Govern.

El artculo 104 de la Ley reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa explicita tambin que, transcurridos dos meses a partir de la comunicacin de la sentencia, “cualquiera de las partes y personas afectadas podr instar su ejecucin forzosa”. Ah es donde entrara el Gobierno, segn el TSJC.

Pero en el Ministerio aseguran que los jueces s pueden actuar de oficio e investigar penalmente por un supuesto delito de desobediencia al consejero de Educacin, Josep Gonzlez-Cambray. Por eso confan en que el conseller acabe acatando. “El Gobierno no tiene duda de que las administraciones del Estado siempre cumplen con las sentencias judiciales”, recalcan.

La llamada a la ministra

El propio Cambray llam la noche del martes a Alegra para mostrarle su “preocupacin” por la providencia del Supremo que ratifica la decisin a la que lleg hace un ao el TSJC. La ministra “le aclar que no corresponde al Ministerio hacer cumplir las sentencias”.

Este mircoles, Cambray revel el contenido de esa conversacin y presumi de tener “garantas” de que el Gobierno no interferir en el proceso e “instar a cumplir la Lomloe, que no habla de porcentajes”, sealando la estrategia que tendra previsto seguir el Ejecutivo para permitir que el Govern pueda seguir imponiendo la inmersin, informa Vctor Mondelo.

Los nacionalistas han desplegado toda una ofensiva. El presidente cataln, Pere Aragons, exigi al Gobierno una “clara defensa” de la inmersin. El PDeCAT, por su parte, presentar una proposicin de ley para eliminar de la Lomloe el primer apartado de la disposicin adicional 38 en el que se dice que “las administraciones educativas garantizarn el derecho de los alumnos a recibir enseanzas en castellano y en las dems lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitucin, los estatutos y la normativa aplicable” y que, en su opinin, no sirve para garantizar el blindaje de la inmersin, segn informa Marisa Cruz.

La pretensin es “regresar al escenario de la LOE socialista”, explica el diputado Sergi Miquel, para quien no es garanta de nada el compromiso de Alegra de no exigir cambios en la realidad educativa catalana. El PDeCAT espera que su iniciativa sea apoyada por JxCat, ERC, CUP e incluso los diputados del PSC.

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