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El Gobierno da el primer paso para crear un macrofondo público de pensiones


El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de un fondo público de pensiones vinculadas con el empleo. En concreto, se ha aprobado un anteproyecto de ley que busca crear una alternativa pública que impulse esta vía de ahorro privado complementaria de las pensiones públicas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha confiado en que esta norma esté aprobada antes del final del primer semestre del año próximo, una vez haya cumplido con todos los trámites administrativos y parlamentarios.


Cómo funcionan, quién puede acceder y otras claves de los fondos públicos de pensiones que prepara Escrivá

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La idea de este nuevo fondo público de pensiones viene de lejos y, de hecho, el Gobierno ha apurado el plazo que él mismo se había fijado. Este fondo era un compromiso que el Ejecutivo incluyó en los Presupuestos Generales de 2021 y se daba doce meses para su creación. Este plazo vencía a final de este curso. Escrivá ha defendido tras el Consejo de Ministros que con esta norma se da cumplimiento a tres compromisos del Gobierno, tanto en el Pacto de Toledo, el plan de recuperación y los citados presupuestos de este año.

Cuando se habla del sistema de pensiones existen tres pilares. El primero es el de las pensiones públicas. El segundo, el de los planes privados de empleo. El tercero, el sistema privado de pensiones individuales. Escrivá ha apostado reiteradamente por impulsar el segundo de los pilares, escasamente desarrollado en España más allá de algunas grandes compañías del país. Estos sistemas los ponen las empresas a disposición de sus trabajadores para que se adhieran si así lo desean, de manera voluntaria. Con ellos, los empleados tendrán un complemento a la pensión pública cuando se jubilen. Sus condiciones se acuerdan a través de la negociación colectiva y hay diversas fórmulas.

El Ejecutivo ya había ido preparando el terreno antes de esta ley para incentivar los planes de empleo. En los Presupuestos de 2021 se redujo de 8.000 a 2.000 euros el limite de aportaciones anuales a los planes privados individuales, que además se podían posteriormente deducir en la declaración del IRPF, al tiempo que se aumentaba el límite para los fondos de empleo. Esta medida y la creación de un nuevo competidor público en el sector han sido ampliamente criticados por aseguradoras, bancos y fondos, así como la CEOE, que llegó a hablar de competencia desleal. Entre los sindicatos también han existido recelos en aspectos relevantes como la gestión que se hace de estos fondos.



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